Justicia Obrera

Justicia Obrera denuncia que el Proyecto de Ley de Salud Pública atenta contra los trabajadores

Caracas, 10 de junio de 2005. Claudio China, Secretario General de Justicia Obrera del estado Anzoátegui, hizo un llamado a la colectividad venezolana para que proteste y evite la aprobación del Proyecto de Ley de Salud Pública, el cual califica como una ley política –y hasta dictatorial- manejada por el Gobierno contra el gremio de los trabajadores de la salud.

A juicio del dirigente sindical, el proyecto de ley atenta contra la estabilidad laboral de 125 mil trabajadores, además de pretender intervenir y acabar con los gremios del sector salud. De igual manera, China expresó la preocupación por la desaparición del IPASME, que estaría avalada por esta ley, así como de la figura del Seguro Social como prestador de salud.

Otro de los cuestionamientos a este proyecto tiene que ver con el artículo que hace referencia a la donación de órganos, ya que en caso de ser aprobada, la ley deja claro que al morir, legalmente el Estado puede disponer de los mismos. Lo que podría incrementar el tráfico de órganos.

El artículo 94 violenta, en su ordinal décimo, todas las contrataciones colectivas, por lo que el Estado se reservaría decidir sobre la estabilidad laboral de los trabajadores del Seguro Social (empleados y obreros), del IPASME y del Ministerio de Sanidad, causando un daño patrimonial a la república. Según explica China, es preocupante el régimen de transitoriedad de la ley y la forma irresponsable en que el Gobierno la está llevando, ya que no concibe condiciones tripartitas, no se le da participación al trabajador y tiene un tilde político, socialista.

Por su parte, Alirio Guarecuco, Coordinador de Justicia Obrera en el estado Aragua, denunció la situación de atropello que enfrentan actualmente los trabajadores del sector salud. En tal sentido explicó que casi 80 mil trabajadores no se han beneficiado por el aumento del salario mínimo. Igualmente, exhortó al Ministro de Salud y Asistencia Social para que acelere la pronta cancelación de cestatickets a casi 8 mil trabajadores quienes lo necesitan para incrementar, de alguna manera, su ya deteriorado salario.